Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la modificación de la normativa implica un retroceso en materia ambiental y abre la puerta a actividades que podrían afectar reservas estratégicas de agua. En ese marco, Ziliotto fue contundente al señalar que el eje del reclamo no es la minería en sí, sino su posible impacto sobre el acceso al agua potable.
Uno de los puntos centrales del planteo es el rol del río Colorado, una fuente clave para el abastecimiento de agua en territorio pampeano. Según advirtió el mandatario, cualquier alteración en las zonas protegidas de glaciares puede tener consecuencias directas sobre este sistema, del que depende una parte importante de la población.
El gobernador también puso el foco en los antecedentes de conflictos interprovinciales por el uso del agua, como el caso del río Atuel, y alertó que La Pampa no está dispuesta a repetir escenarios que históricamente la perjudicaron.
Avance judicial
En este contexto, la provincia ya inició acciones judiciales con el objetivo de frenar la aplicación de la reforma. Desde el Gobierno consideran que se trata de una medida “regresiva” que vulnera principios básicos de protección ambiental.
Asimismo, reclamaron una mayor articulación entre las provincias en la gestión de los recursos hídricos, al tratarse de bienes compartidos que requieren políticas federales.
Un debate que escala
La reforma de la Ley de Glaciares generó un fuerte debate en todo el país. Mientras sectores productivos impulsan cambios para facilitar inversiones, distintas provincias y organizaciones advierten sobre los riesgos ambientales y el impacto en el acceso al agua.
En ese escenario, La Pampa reafirma su postura y anticipa que continuará defendiendo sus recursos naturales ante cualquier medida que considere perjudicial.
