Participaron de la reunión los diputados Abelardo Ferran, Varinia Marín y Ariel Rauschenberger, quienes escucharon la postura conjunta de las organizaciones sindicales y ratificaron su rechazo al proyecto oficial. Las CTA estuvieron representadas por sus secretarias generales, Lilia López y Roxana Rechimont.
Durante el encuentro, las centrales advirtieron que, por la magnitud de los derechos laborales que deroga, la extensión de los temas que abarca y la profundidad de los retrocesos que introduce, el proyecto resulta comparable únicamente con la reforma laboral aplicada durante la dictadura cívico-militar de 1976.
Las organizaciones sindicales señalaron además que la iniciativa no surge de un proceso de diálogo democrático ni de una discusión abierta con las trabajadoras y los trabajadores, sino que pretende imponerse mediante negociaciones realizadas a espaldas del pueblo trabajador. En ese marco, alertaron que algunos gobernadores estarían dispuestos a intercambiar votos de senadores y senadoras a cambio de beneficios coyunturales para sus administraciones provinciales.
Desde las CTA remarcaron que se trata de una maniobra política que entrega derechos históricos a cambio de migajas, comprometiendo seriamente el futuro del trabajo en la Argentina.
Entre los aspectos más graves del proyecto se mencionaron la ruptura del sistema de negociación colectiva, la restricción del derecho de huelga, el financiamiento de los despidos con recursos del sistema de seguridad social, el ataque directo a los sindicatos y a la acción colectiva, la imposición de un techo salarial, la legalización de la precarización laboral y la pérdida de soberanía sobre el tiempo de trabajo.
Las organizaciones coincidieron en que la reforma no aporta herramientas para la creación de empleo ni para la mejora de la calidad laboral, sino que responde a un modelo económico basado en salarios bajos, empleo precario y debilitamiento de la organización sindical, orientado al desguace y la privatización de empresas públicas y al desmantelamiento del entramado productivo e industrial del país.
Finalmente, las CTA reafirmaron que cualquier discusión sobre el mundo del trabajo debe tener a las y los trabajadores en el centro y sostuvieron que el camino necesario es el fortalecimiento del sistema protectorio del derecho laboral. En ese sentido, rechazaron íntegramente el proyecto de “Ley de reforma y modernización del derecho del trabajo” impulsado por el Gobierno nacional y convocaron a dar inicio a un Plan Nacional de Lucha contra la reforma laboral regresiva, con acciones de resistencia en todo el país.
