Diputadas y diputados integrantes del Parlamento Patagónico difundieron un documento conjunto en el que expresaron su rechazo a la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculada con la denominada Ley de Tierras Rurales.
El pronunciamiento lleva como título “El Parlamento Patagónico rechaza el fallo de la CSJN que habilita la extranjerización de tierras y reafirma la soberanía territorial nacional”. En el texto, los legisladores sostienen que la decisión judicial genera preocupación para las provincias del sur por sus extensas zonas de frontera, recursos hídricos y áreas consideradas estratégicas.
La resolución de la Corte Suprema, conocida este martes 29 de septiembre, revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se derogó la Ley 26.737. El máximo tribunal consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) no tenía legitimación para impulsar la acción colectiva.
Un punto central de la sentencia es que la Corte no resolvió sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU. El tribunal dejó expresamente aclarado que su decisión se basó en la falta de legitimación de la entidad demandante y en la ausencia de un caso o controversia judicial que permitiera analizar el fondo de la cuestión.
El planteo del Parlamento Patagónico
En su documento, los legisladores sostienen que, en la práctica, la decisión judicial deja sin efecto los límites que contemplaba la Ley 26.737 para la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
También cuestionan el criterio utilizado respecto de la legitimación del CECIM. Según expresaron, la resolución impide que la organización pueda someter a revisión judicial una medida que consideran relacionada con la soberanía territorial.
La Ley 26.737 establecía, entre otras disposiciones, que la titularidad extranjera de tierras rurales no podía superar el 15% de la superficie correspondiente y contemplaba otras restricciones vinculadas con la concentración y determinadas áreas estratégicas. El artículo 154 del DNU 70/23 dispuso su derogación.
Los representantes patagónicos señalaron además que la tierra rural constituye, desde su perspectiva, “un recurso finito y estratégico” para la producción, el asentamiento de poblaciones y la protección de las fronteras.
Pedido al Congreso Nacional
En el tramo final del documento, los legisladores realizaron un llamado al Congreso de la Nación para que concluya el tratamiento del DNU 70/23.
“Las parlamentarias y los parlamentarios de la Patagonia ratifican su compromiso con la defensa del patrimonio de las provincias y del país”, señala el comunicado, que plantea la necesidad de alcanzar una política de Estado en torno a la protección territorial.
Los representantes pampeanos que firmaron el documento
Por La Pampa, el pronunciamiento fue acompañado por María Luz Alonso, Martín Balsa, Silvia Larreta, Espartaco Marín, Marcela Páez y Federico Ortiz García.
También aparecen adhesiones de representantes de Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Río Negro, completando el posicionamiento conjunto de legisladores de distintas provincias de la región patagónica.
