La resolución fue dictada por el juez contravencional de General Pico, Maximiliano Boga Doyhenard, tras una audiencia en la que participaron el fiscal Francisco Cuenca, el defensor oficial Alejandro Piñeiro y la propia imputada.
El hecho ocurrió durante una reunión convocada por una escuela para abordar la aparición de pintadas anónimas en los baños del establecimiento, donde se advertía sobre presuntos ataques armados y se instaba a no asistir a clases. En ese contexto de tensión y preocupación, la mujer insultó al personal docente y a autoridades del Ministerio de Educación.
Según la investigación, primero protagonizó un episodio durante la mañana, cuando habría ocasionado molestias y perturbado la actividad educativa mediante gritos e insultos dirigidos a coordinadores, directoras, docentes y funcionarios educativos. Más tarde regresó al colegio y, durante una reunión de padres, volvió a increpar al personal, situación que derivó en la intervención policial para retirarla del lugar.
Por esos hechos fue denunciada por infracción a los artículos 91 y 92 del Código Contravencional de La Pampa, vinculados a disturbios e interferencias en el funcionamiento institucional.
Durante la audiencia judicial, la defensa propuso como reparación un pedido de disculpas personal hacia las autoridades y docentes afectados. La imputada reconoció que tuvo “una reacción que no correspondía” y aseguró que fue “la primera vez” que atravesó una situación de ese tipo.
La directora denunciante aceptó las disculpas en representación de la comunidad educativa y expresó que el acuerdo alcanzado será informado dentro de la institución.
Finalmente, el magistrado otorgó la probation por un plazo de seis meses. Durante ese período, la mujer deberá fijar domicilio, presentarse mensualmente ante el Ministerio Público Fiscal y abstenerse de realizar actos de agresión o perturbación hacia docentes y autoridades educativas. Además, se comprometió a canalizar cualquier reclamo futuro por las vías institucionales y de manera respetuosa.
En su resolución, Boga Doyhenard valoró “el contexto de conmoción” en el que ocurrieron los hechos, debido al temor generado por las amenazas anónimas relacionadas con posibles tiroteos en establecimientos educativos.
El juez también destacó que las disculpas fueron “genuinas” y cumplieron una finalidad reparadora del conflicto, remarcando que la suspensión del proceso a prueba no debe convertirse “en un mero mecanismo para evitar el debate oral”.
