En sus fundamentos expresaron: «Detrás de la negación de un derecho humano, es posible identificar el autoritarismo de quién decide sobre la vida de otra persona, ya sea la familia o el mismo Estado. Hijos que buscan a sus madres biológicas, madres que buscan a sus hijos apropiados mediante diversos medios, entramados institucionales y sociales generados para efectivizar ésta práctica ilegal, complicidades diversas, mentiras y ocultamientos familiares, dan cuenta de la gravedad de un hábito cultural naturalizado y perverso, que de ninguna manera puede ser percibido como un acto de amor filial; han motivado la presentación de la siguiente propuesta normativa para nuestra provincia de La Pampa».
Agregaron que: «La cantidad de casos de búsqueda de lazos de origen por parte de personas que han tomado conocimiento de estas historias -hoy visibles a través de los medios de comunicación y redes sociales-, da cuenta de una práctica lamentablemente generalizada, que excede el proceder de los Estados totalitarios. Millones de familias en nuestro país y el mundo, sin ningún tipo de diferencia social, muestran casos de identidades robadas, suprimidas, alteradas u ocultas entre sus miembros, con todo lo que ello implica».
Rescataron: «Abuelas de Plaza de Mayo, con su búsqueda incansable por más de cuatro décadas para recuperar a sus nietos arrebatados por la dictadura, ha hecho un aporte invaluable en la defensa del derecho a la identidad biológica en nuestro país. 130 personas hoy saben quiénes son, de donde vinieron, quienes fueron sus padres. Han constatado que sus sensaciones de falta, de gustos personales opuestos a los de su entorno adoptivo inmediato, tenían un significado, una razón de ser».
Informaron que: «En 2001, el Congreso Nacional refuerza jerárquicamente a la CONADI a través de la Ley N° 25.457, funcionando en el ámbito de la Subsecretaria de Derechos Humanos, dependiente del por entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hoy en la Argentina, cinco provincias cuentan con una LEY DE IDENTIDAD BIOLÓGICA, ellas son: Santa Fe (Ley N° 13.725), Rio Negro (Ley N° 5.492), Entre Ríos (Ley N° 10.871), Chaco (Ley N° 3.179) y Mendoza (Ley N° 9.182). Casi todas ellas, sancionadas, promulgadas y reglamentadas entre 2019 y 2020. Su aporte es complementario a lo prescripto por Ley Nacional 25.457, particularmente a lo desarrollado por el Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad – CONADI)».
Dichas normas sancionadas en las provincias hermanas, amplían el universo de buscadores de identidad, excediendo el oscuro período de la última dictadura militar (1976-1983) y subrayando el hecho de que muchas apropiaciones de identidad se realizaron y realizan en el ámbito civil, a nivel familiar, con su correspondiente complicidad y entramado delictivo. Hijos y madres por igual pueden buscar su origen en el caso de los primeros, o destino de sus hijos e hijas en el segundo caso, en el marco de éstas normas jurídicas; siempre y cuando el Estado les facilite los medios para concretar su cometido y ejercicio legítimo del derecho a la identidad.
Para el caso de La Pampa, los legisladores Luján y Balsa, decidieron incorporar la figura de madres buscadoras en la normativa propuesta. Jóvenes madres que en la mayoría de los casos fueron engañadas diciéndoles que sus hijos e hijas habían fallecido en el parto, corroborando luego en tumbas vacías la trágica verdad de lo ocurrido.
«Por todo ello la presente Ley intenta desde el Estado, garantizar en las personas interesadas su derecho pleno a la identidad biológica, impidiendo cualquier obstáculo material e institucional que lo cercene, al amparo de normas jurídicas nacionales e internacionales que de antemano ya habilitan dicho proceso. Al mismo tiempo, intenta desde lo social, poner en relieve la gravedad e ilegalidad de quienes incurren en tal delito de supresión u ocultamiento de una identidad biológica determinada, alertando sobre el peligro de su naturalización, complicidad y continuidad», concluyeron la y el diputado justicialista.-
