La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares volvió al centro del debate político y ambiental en Argentina. El proyecto en análisis introduce modificaciones clave en la protección del ambiente periglacial, una zona considerada estratégica por su rol en la regulación de los recursos hídricos.
La legislación vigente, sancionada en 2010, establece una protección amplia tanto para los glaciares como para el ambiente periglacial, entendido como el conjunto de suelos congelados que actúan como reserva de agua dulce. Bajo ese esquema, se prohíben actividades que puedan afectar estas áreas, como la minería o la exploración hidrocarburífera.
Sin embargo, la reforma plantea un cambio de enfoque. Uno de los puntos centrales es que el ambiente periglacial dejaría de estar protegido de manera general para pasar a una protección selectiva, limitada a aquellas zonas que demuestren una función hídrica relevante. Esto implica que amplios sectores podrían quedar fuera del alcance de la ley.
En ese sentido, el proyecto introduce la necesidad de evaluaciones técnicas para determinar qué áreas deben ser preservadas, lo que abre la posibilidad de habilitar actividades productivas en territorios que hasta ahora estaban restringidos. Entre ellas, la minería aparece como una de las principales actividades que podrían expandirse bajo el nuevo marco normativo.
Otro de los cambios relevantes es el rol que pasarían a tener las provincias. La iniciativa propone otorgarles mayor capacidad de decisión sobre la delimitación y el uso de estas zonas, lo que podría derivar en criterios dispares en la aplicación de la ley según la jurisdicción.
Asimismo, se plantea una modificación en la intervención de los organismos científicos, como el IANIGLA, que actualmente tiene un papel clave en el inventario y monitoreo de glaciares. Con la reforma, su participación podría quedar más acotada a funciones técnicas, sin incidencia directa en las decisiones finales.
El proyecto generó un fuerte rechazo por parte de organizaciones ambientalistas, que advierten sobre el riesgo de debilitamiento en la protección de reservas estratégicas de agua, especialmente en un contexto de cambio climático y creciente demanda hídrica. Desde estos sectores sostienen que la iniciativa prioriza el desarrollo económico por sobre la conservación ambiental.
En contrapartida, quienes impulsan la reforma argumentan que es necesario actualizar la normativa para compatibilizar la protección del ambiente con el desarrollo productivo, en particular en regiones cordilleranas donde la actividad minera tiene peso económico.
De esta manera, el debate vuelve a poner en tensión dos ejes centrales: la preservación de los recursos naturales y la necesidad de impulsar inversiones productivas. La definición del Congreso marcará el rumbo de una política ambiental clave para el país en los próximos años.
