La resolución fue conocida en las últimas horas, luego de que el máximo órgano judicial provincial rechazara el recurso de apelación presentado por la defensa de la mujer. De esta manera, quedó firme la sentencia por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía, en dos hechos cometidos en concurso real.
Durante el proceso judicial, la defensora Agustina Tobares argumentó que Silva atravesaba un grave cuadro de afectación psicológica al momento de los hechos. Según sostuvo, la acusada padecía una profunda depresión derivada de años de violencia de género, dificultades económicas y una maternidad ejercida en soledad.
La defensa también cuestionó la valoración realizada por el tribunal respecto de una pericia psicológica y psiquiátrica elaborada por especialistas de Tucumán, quienes concluyeron que Silva presentaba un trastorno depresivo severo con ideación suicida. Los profesionales señalaron además que la mujer habría atravesado un proceso denominado “suicidio ampliado”, en el que creyó erróneamente estar protegiendo a sus hijos de un futuro que consideraba devastador.
Sin embargo, el Superior Tribunal ratificó que, si bien la condenada fue víctima de distintos tipos de violencia en relaciones anteriores —verbal, psicológica, física, sexual y económica—, esas circunstancias no resultaban suficientes para atenuar su responsabilidad penal.
La sentencia original había sido dictada el 22 de octubre de 2025 por los jueces Adriana Lucero Alfonso, Ariel Parrillis y Eugenia Zabala Chacur. Durante el juicio se concluyó que Silva planificó los asesinatos y actuó durante la madrugada para evitar la intervención de terceros, aprovechando el estado de indefensión de las víctimas.
Cómo ocurrió el crimen
Los hechos ocurrieron el 1 de octubre de 2024 en la vivienda familiar. De acuerdo con la investigación, los dos niños dormían en una cama matrimonial cuando fueron asesinados.
Las autopsias determinaron que cada menor recibió dos disparos: uno en la zona del pecho, a la altura del corazón, y otro en la cabeza, provocándoles la muerte de manera inmediata.
La reconstrucción judicial estableció que la mujer abrió previamente una garrafa para adormecer a los niños, realizó una prueba de disparo sobre un colchón y luego cubrió los rostros de sus hijos con almohadas antes de efectuar los disparos a quemarropa.
Tras cometer los crímenes, dejó una carta de despedida en la que hacía referencia a sus problemas económicos, pedía perdón a su familia y expresaba que no quería que sus hijos “fueran una carga”.
Además, colocó carteles de advertencia en los accesos a la vivienda. En la puerta principal escribió: “Llamá a la Policía, no entres”, mientras que en la puerta trasera dejó otro mensaje con la frase “No entres”, ambos firmados de su puño y letra.
Con la decisión del Superior Tribunal de Justicia, la condena a prisión perpetua quedó firme y agotó una de las principales instancias de revisión judicial en la provincia.
