La presentación fue realizada ante el juzgado con sede en Rafaela que intervenía en el proceso, luego de que la firma reconociera la imposibilidad de cumplir con un plan de pagos frente a más de 1.500 acreedores. La empresa se encontraba en concurso desde febrero de 2025, instancia en la que había planteado la posibilidad de reestructurar sus pasivos y sostener su actividad.
Sin embargo, el escenario no logró revertirse. La falta de inversores interesados en participar de un proceso de recuperación terminó de sellar el destino de la cooperativa, que avanzó con el pedido formal de quiebra.
Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) señalaron que la decisión se produce luego de informes técnicos que confirmaron el estado de cesación de pagos, insolvencia patrimonial y una situación financiera irreversible. El gremio había solicitado esta medida en septiembre del año pasado, tras una asamblea extraordinaria de sus afiliados.
En paralelo, el sindicato advirtió sobre la delicada situación de los trabajadores, a quienes la empresa adeuda al menos ocho meses de salarios, además de aguinaldos. También indicaron que en el último tiempo la firma se sostuvo con aportes del fondo solidario del gremio y la continuidad de la cobertura de salud a través de OSPIL, pese a la falta de aportes patronales.
De cara al futuro, desde Atilra sostuvieron que la quiebra no representa un cierre definitivo, sino el inicio de una nueva etapa, en la que podría evaluarse la continuidad de la marca bajo otro esquema productivo.
La crisis de SanCor se remonta a 2017 y, desde entonces, la empresa atravesó un profundo proceso de achicamiento: su producción cayó de 4 millones de litros diarios a menos de 500.000, redujo sus plantas de 12 a 6 y su plantilla de trabajadores pasó de unos 4.000 empleados a menos de 1.000.
El caso representa uno de los procesos más significativos de deterioro dentro de la industria láctea argentina en los últimos años, con fuerte impacto en trabajadores, proveedores y economías regionales vinculadas a la actividad.
