El Sindicato de Trabajadores Judiciales de La Pampa (SiTraJ) difundió un comunicado en el que manifestó su preocupación por la situación que, según señaló, atraviesan trabajadores y trabajadoras de las Defensorías provinciales.
Bajo el título “La defensa pública no puede sostenerse a costa de sus trabajadores”, la organización sindical sostuvo que se registra un “progresivo deterioro” de las condiciones laborales en las cuatro circunscripciones judiciales y reclamó respuestas para sostener la atención que se brinda a quienes recurren a la defensa pública.
El Ministerio Público de La Pampa está dividido, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal. Además de defensores y defensores adjuntos, la normativa contempla dentro de su estructura a secretarios, prosecretarios, profesionales auxiliares y empleados.
Reclamo por falta de personal
Entre los principales puntos planteados, SiTraJ mencionó la falta de nuevos ingresos de trabajadores, las vacantes que se generan como consecuencia de jubilaciones y renuncias y, según el gremio, no son reemplazadas, además de la ausencia de concursos de ascenso.
La organización señaló que esta situación provoca una mayor carga de tareas sobre el personal que continúa desempeñándose en las dependencias y también genera la pérdida de trabajadores con experiencia y formación específica.
En ese contexto, SiTraJ afirmó que durante 2025 fueron creadas dos nuevas Defensorías sin que, de acuerdo con el sindicato, se incorporara personal para acompañar su funcionamiento.
También cuestionó el esquema de bonificaciones vigente y aseguró que existen diferencias respecto de las percibidas en dependencias del Superior Tribunal de Justicia. Según el comunicado, tanto las cantidades como los porcentajes se encontrarían por debajo de lo establecido en el Acta Paritaria Sectorial N.º 026/14.
Cuestionamientos por las condiciones edilicias
Otro de los reclamos está relacionado con los espacios físicos donde se desarrollan las tareas.
El sindicato sostuvo que en algunas dependencias existen situaciones de hacinamiento, oficinas sin ventanas que posibiliten una adecuada renovación del aire y espacios improvisados que, según consideró, no reúnen las condiciones necesarias para garantizar un ambiente laboral adecuado.
Para SiTraJ, estas dificultades adquieren especial relevancia por las características del trabajo que se desarrolla en las Defensorías y por la población que recurre a estos organismos.
En el comunicado, el sindicato mencionó entre quienes utilizan estos servicios a mujeres víctimas de violencia, niños, niñas y adolescentes vinculados a reclamos alimentarios, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otros sectores que requieren asistencia de la defensa pública para acceder al sistema judicial.
El impacto de la situación nacional, según el sindicato
SiTraJ también vinculó la problemática provincial con el escenario económico nacional. La organización consideró que las políticas de reducción del gasto público, achicamiento del Estado y disminución de recursos hacia las provincias repercuten especialmente sobre las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Se trata de una interpretación planteada por el sindicato en su comunicado, en el que sostiene que una reducción de los recursos destinados a políticas públicas puede trasladar una mayor demanda hacia organismos como las Defensorías.
Pedido de medidas
Finalmente, SiTraJ reclamó la adopción de medidas para las Defensorías de las cuatro circunscripciones judiciales.
Entre los pedidos enumeró la incorporación de personal, la cobertura de las vacantes existentes, mejoras en las condiciones edilicias, el cumplimiento de los acuerdos paritarios y un mayor reconocimiento de las tareas que realizan trabajadores y trabajadoras.
“No hay acceso a la Justicia sin trabajadores que puedan garantizarlo en condiciones dignas”, expresó el sindicato.
La organización concluyó señalando que el funcionamiento de la defensa pública resulta central para las personas que, por distintas circunstancias económicas o sociales, necesitan recurrir a este servicio para hacer valer sus derechos.
