Durante la reunión, las entidades ratificaron su rechazo a las modificaciones aprobadas por el Congreso y expresaron su preocupación por el impacto que podría generar la nueva normativa sobre los recursos hídricos y las áreas protegidas del país.
El Gobierno pampeano viene sosteniendo una postura crítica respecto de la reforma. Semanas atrás, La Pampa presentó un amparo ambiental colectivo junto a universidades y organizaciones ambientalistas, al considerar que la nueva legislación representa un retroceso en materia de protección ambiental y federalismo hídrico.
En ese contexto, Ziliotto volvió a advertir que la modificación de la Ley de Glaciares “pone en riesgo reservas estratégicas de agua dulce” y comparó la situación con el conflicto generado años atrás por el proyecto Portezuelo del Viento.
La demanda colectiva fue impulsada por organizaciones como Greenpeace, FARN y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y reúne cientos de miles de adhesiones en todo el país. Entre los argumentos presentados ante la Justicia, sostienen que la reforma flexibiliza controles ambientales y reduce áreas protegidas vinculadas a glaciares y ambientes periglaciares.
Cabe recordar que días atrás la Justicia Federal rechazó la medida cautelar que buscaba suspender de manera inmediata la aplicación de la norma, aunque habilitó el avance del amparo colectivo presentado contra el Estado nacional.
