El pedido, ingresado a través del diputado Julián Oscar Aguilar y dirigido a los integrantes de la Comisión, se fundamenta en el cumplimiento estricto de la normativa vigente: la Ley Provincial de Hidrocarburos N° 2675, la Ley Ambiental Provincial N° 3195 y la Ley Provincial N° 3620, que establecen obligaciones de evaluación, preservación y resguardo del patrimonio pampeano en todo proceso de concesión hidrocarburífera.
Cuadrado afirmó que ningún avance administrativo puede considerarse adecuado ni responsable sin la disponibilidad de la información ambiental integral del área, y remarcó que la transparencia, la protección del ambiente y la defensa del interés provincial deben ser condiciones esenciales en cualquier procedimiento licitatorio.
La diputada insistió en que el Informe Ambiental Final debe ser remitido antes del 31 de diciembre y elevado también a la Cámara de Diputados, a fin de que los miembros de la Comisión puedan evaluar el estado ambiental del área con pleno conocimiento técnico y legislativo. Señaló que ese mecanismo garantiza acceso público a la información, trazabilidad institucional y una valoración integral previa a la emisión de dictámenes o resoluciones.
Finalmente, sostuvo que todo oferente en un proceso licitatorio debe conocer la situación ambiental del área, los pasivos existentes y su cuantificación antes de presentar una propuesta, y reclamó que el Ejecutivo asegure “un proceso transparente, ordenado y con información completa antes de tomar decisiones que comprometen los recursos de los pampeanos”.
