El informe pinta un retrato demoledor de la violencia doméstica: el 86% de los casos ocurrieron en el entorno íntimo de la víctima, siendo parejas, exparejas o vínculos sexoafectivos los principales perpetradores. Los hogares, que debieran ser espacios de resguardo, se consolidan paradójicamente como los escenarios más letales, ya que la mayoría de los crímenes se cometieron en la vivienda de la mujer o en el domicilio compartido con el agresor. En cuanto a los métodos, el apuñalamiento encabeza la lista, seguido por el uso de armas de fuego, golpes y estrangulamiento; en 8 de los casos, además, se registró abuso sexual previo al asesinato.
El perfil de las víctimas revela que la franja etaria más afectada es la de 31 a 50 años, aunque también se contabilizaron 12 menores de 18 años, de las cuales 6 tenían menos de 12 años. El impacto colateral es igualmente desgarrador: 79 niños y niñas perdieron a su madre, y dos de las mujeres asesinadas se encontraban embarazadas. En ese contexto, la Ley Brisa, que otorga una reparación económica a los hijos de las víctimas, sigue enfrentando serias trabas administrativas que dejan a muchos beneficiarios en situación de desprotección.
El estudio también arroja luz sobre los agresores: se identificaron 105 femicidas, con un rango etario similar al de las víctimas. Un dato alarmante es que 5 de ellos tienen o tuvieron vínculo con fuerzas de seguridad, y 3 actuaron como sicarios, evidenciando la conexión entre la violencia de género y el crimen organizado. Además, creció un 10% la cantidad de femicidas que se quitan la vida tras el ataque, sumándose 9 intentos de suicidio.
En términos geográficos, la provincia de Buenos Aires encabeza la lista con 29 casos, aunque experimentó una baja de 19 crímenes respecto al mismo período del año anterior. Le siguen Santa Fe (17), Córdoba, Entre Ríos y Santiago del Estero (7 cada una). Sin embargo, al ajustar las cifras por población femenina, Santiago del Estero, Entre Ríos y Santa Fe presentan las tasas más altas del país, lo que evidencia que la problemática atraviesa todo el territorio nacional con distinta intensidad. El informe concluye que, pese a los avances en la visibilización, la urgencia de políticas públicas efectivas sigue siendo una deuda pendiente para frenar la masacre silenciosa que se cobra vidas en la intimidad de los hogares. (InfoGEI)
