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Caso de adopción: el Poder Ejecutivo remitió a Diputados el informe solicitado

El Gobierno de La Pampa respondió los requerimientos formulados por la Cámara de Diputados en relación con el caso de adopción que se encuentra bajo análisis legislativo. Desde el Ejecutivo señalaron que la entrega de información debe ajustarse a sus competencias y preservar la identidad, intimidad y derechos de los niños, niñas, adolescentes y de la familia adoptante.

El Poder Ejecutivo Provincial remitió este martes a la Cámara de Diputados de La Pampa un informe con respuestas a las consultas formuladas por el cuerpo legislativo en relación con un caso de adopción.

La presentación fue formalizada mediante una nota del gobernador Sergio Ziliotto dirigida a la presidenta de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral, acompañada por un informe elaborado por los ministerios de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Seguridad y Justicia y Salud. La remisión fue informada oficialmente este 29 de septiembre.

Según explicó el Gobierno provincial, las respuestas fueron confeccionadas de acuerdo con las competencias que corresponden al Poder Ejecutivo y teniendo en cuenta la legislación nacional y provincial, los tratados internacionales y las normas que regulan el funcionamiento de la Legislatura.

Uno de los principales puntos planteados por el Ejecutivo está relacionado con la reserva de determinada información vinculada con el expediente. En ese sentido, sostuvo que el control político y los pedidos de informes realizados por la Legislatura deben desarrollarse respetando las normas que protegen la identidad, la intimidad y la vida familiar de niños, niñas y adolescentes involucrados en este tipo de procesos.

Pedido de mayor precisión en los requerimientos

En la respuesta enviada a Diputados, el Gobierno provincial planteó además que, cuando se solicite documentación administrativa, deberán precisarse las actuaciones y piezas concretas que se pretenden consultar y especificarse su relación con cada uno de los puntos investigados.

De acuerdo con la posición expresada por el Ejecutivo, esa individualización permitiría delimitar el alcance del requerimiento y evitar pedidos generales sobre documentación que pueda encontrarse alcanzada por diferentes niveles de reserva.

Asimismo, el Gobierno pidió que no se le requieran declaraciones o documentos que impliquen revisar decisiones adoptadas por el Poder Judicial o intervenir sobre materias que correspondan a organismos con competencias específicas.

En el caso de documentación de carácter judicial, el Ejecutivo indicó que deberá ser solicitada directamente ante el Poder Judicial, que será el encargado de determinar las condiciones y los alcances de un eventual acceso.

Disposición a entregar información dentro de sus competencias

En el documento remitido a la Legislatura, el Poder Ejecutivo expresó su disposición a proporcionar la información que legalmente corresponda y que se encuentre dentro de su ámbito de actuación.

Al mismo tiempo, señaló que esa colaboración institucional deberá compatibilizarse con las obligaciones de reserva y protección establecidas para los derechos de niños, niñas y adolescentes y de las familias involucradas.

La respuesta se produce en el marco de las actuaciones que lleva adelante la Cámara de Diputados provincial sobre el caso y suma ahora documentación oficial del Poder Ejecutivo al análisis legislativo.

La información remitida y los límites planteados respecto del acceso a determinados antecedentes quedarán bajo consideración de la Cámara de Diputados, en el marco de las facultades y procedimientos correspondientes.