La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un nuevo impulso a la histórica disputa judicial por las aguas del río Atuel, al solicitar a las provincias de La Pampa y Mendoza información sobre los avances alcanzados desde el último fallo del máximo tribunal.
La decisión fue comunicada mediante una resolución notificada este viernes 6 de noviembre y representa un nuevo paso en una causa de gran importancia para La Pampa, que desde hace décadas reclama la restitución del escurrimiento del río hacia su territorio.
Según se informó oficialmente, la Corte otorgó un plazo de 20 días para que las partes indiquen si se alcanzó algún acuerdo parcial en el ámbito de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI).
Además, requirió que se detallen las actividades desarrolladas desde la sentencia de 2020, especialmente aquellas destinadas a concretar las medidas ordenadas para garantizar la circulación de agua hacia territorio pampeano.
El fallo de 2020 y el caudal mínimo obligatorio
En su resolución de 2020, la Corte Suprema estableció como meta interina un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite interprovincial entre Mendoza y La Pampa.
Aquella decisión también ordenó que ambas provincias, junto con el Estado Nacional, definieran en el ámbito de la CIAI las obras de infraestructura y acciones necesarias para alcanzar ese objetivo.
El programa debía incluir los plazos de ejecución, la distribución de los costos entre las jurisdicciones y un sistema de monitoreo permanente que permitiera controlar no solamente el caudal de agua, sino también la evolución de la biodiversidad, la salinidad y los niveles freáticos.
La Corte había establecido un plazo de 90 días para presentar los programas de obras y monitoreo correspondientes.
Asimismo, dispuso que, en caso de no alcanzarse una solución consensuada entre las tres jurisdicciones, sería el propio tribunal el encargado de definir los pasos a seguir.
Un conflicto histórico para La Pampa
La disputa por el río Atuel constituye uno de los principales reclamos históricos de La Pampa frente a Mendoza, debido a las consecuencias ambientales, sociales y productivas que la interrupción del escurrimiento provocó en el oeste provincial.
La falta de un caudal permanente afectó durante décadas los ecosistemas de la región, especialmente los humedales vinculados al sistema del Atuel, y condicionó las posibilidades de desarrollo de numerosas comunidades.
En ese contexto, el cumplimiento de la sentencia de 2020 es considerado fundamental para avanzar en la recuperación ambiental de la zona y garantizar un uso compartido de los recursos hídricos.
La Pampa celebra la reactivación judicial
Desde el Gobierno provincial destacaron la decisión de la Corte Suprema, luego de más de seis años de solicitudes y presentaciones destinadas a impulsar nuevamente el expediente.
La reactivación permitirá revisar el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en 2020 y determinar los pasos necesarios para avanzar hacia una solución.
La nueva resolución no implica que el caudal haya sido restituido, sino que abre una nueva instancia de seguimiento judicial sobre las medidas pendientes.
De esta manera, la histórica causa por el río Atuel vuelve a tener movimiento en la Corte Suprema, mientras La Pampa mantiene su reclamo para que se garantice el ingreso permanente de agua a su territorio.
La resolución, dictada en el acuerdo del 5 de noviembre, también solicita las actas de las reuniones de la CIAI, en caso de que se hayan realizado. Se trata de un requerimiento de información y no de una nueva sentencia sobre el fondo del conflicto.
