Una sociedad inversora creada por Caputo es, desde hace 17 meses, intermediaria en la compra de Lebac con recursos del fondo previsional, por decisión de aquel funcionario. Antes la operación era directa con el Banco Central sin pago de comisiones.
El ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue denunciado judicialmente por el presunto desvío de fondos previsionales en favor de una sociedad inversora, Axis, presidida por el mismo funcionario hasta doce días antes de asumir como secretario de Finanzas del actual gobierno, en diciembre de 2015. De acuerdo a la presentación hecha por el fiscal general Gabriel De Vedia, “en virtud de decisiones del funcionario, durante 2016 se invirtieron más de 500 millones de pesos en un Fondo Común de Inversión cuya administración estaría vinculada en el ámbito privado al propio Caputo”. El propio informe oficial da cuenta de que, a partir de abril de 2016, esas compras se canalizaron a través de la administradora de fondos Axis, cuando hasta entonces se hacían en forma directa al Banco Central sin pago de honorarios. Además, la operación comprometió el pago de comisiones en carácter de custodio de los títulos al Deutsche Bank, en el que Caputo fue presidente durante cuatro años. Para la Unidad Fiscal de Investigaciones de delitos de la Seguridad Social (Ufises), la conducta desplegada por el ministro de Finanzas “configuraría el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. De Vedia consideró, además, que en el transcurso de la investigación judicial deberá indagarse si Caputo continuó siendo titular de acciones de la sociedad Axis luego de su renuncia al directorio.
La presentación de la Ufises quedó radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo del juez Luis Rodríguez, con intervención del titular de la Fiscalía Nº3 en lo Criminal y Correccional Federal, Eduardo Taiano. El fiscal general De Vedia solicitó, además, que se investigue a los demás integrantes del Comité Ejecutivo del FGS por la presunta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; incumplimiento de deberes de funcionario público, y administración infiel en perjuicio de la administración pública.
