Según consta en la presentación hecha ante la comisaría local, los acusados —identificados únicamente con las iniciales “M.R.” y “J.C.”— transportaban ayuda desde San Carlos de Bariloche con la supuesta intención de entregarla a los afectados por el fuego. Sin embargo, la investigación preliminar y la intervención policial pusieron al descubierto un esquema en el que parte de esa asistencia se comercializaba por fuera de los canales formales.
Intervención policial e indicios de comercialización
La Policía local interceptó un camión que transportaba 60 tanques de agua de 1.200 litros cada uno, muchos de los cuales debían haber sido parte de las donaciones recopiladas para los damnificados. Tras el hallazgo, el conductor admitió ante las autoridades que solo “5 o 6” unidades estaban destinadas a la entrega solidaria real, mientras que el resto se ofrecía a la venta a precios que oscilaban entre $110.000 y $150.000, argumentando que “no se había recaudado suficiente dinero” para entregarlos como donación.
Este tipo de prácticas ha provocado una fuerte repercusión en la comunidad local, en momentos en que el pueblo —ubicado en plena Comarca Andina chubutense— aún enfrenta las consecuencias de los incendios que afectaron bosques, viviendas y actividades productivas en la zona.
Situación judicial y avance de la causa
Las actuaciones iniciadas por el intendente Boudargham fueron giradas a la Fiscalía de la Comarca Andina, que ahora tiene a su cargo el avance de la investigación para establecer responsabilidades penales formales sobre los involucrados. Hasta el momento no se han reportado detenciones, aunque las medidas judiciales continúan en curso.
Fuentes judiciales y policiales analizan ahora la documentación y testimonios recabados para determinar si se cometieron delitos como defraudación, administración fraudulenta o aprovechamiento de auxilio público, entre otros que contempla el Código Penal argentino.
Repercusiones en el contexto solidario
La denuncia sacude a una localidad tradicionalmente solidaria, donde vecinos, organizaciones civiles y donantes de distintas partes del país venían colaborando para mitigar el impacto de las llamas y la emergencia social. En este escenario, la presunta comercialización de elementos que debían llegar a familias vulnerables no solo representa un hecho irregular, sino que también genera desconfianza y cuestionamientos sobre el manejo de la asistencia externa.
La sociedad de Cholila, en tanto, aguarda más información oficial de la Fiscalía y exhorta a las autoridades a transparentar la distribución de toda ayuda donada, para reforzar los mecanismos de control y garantizar que la solidaridad no sea vulnerada por maniobras fraudulentas.
Fuente principal: Agencia Noticias Argentinas, con datos confirmados por autoridades policiales y municipales de Cholila.
