La Justicia de General Pico formalizó este lunes 19 de octubre a los dos efectivos de la Policía de La Pampa acusados de sustraer un gato hidráulico de una gomería mientras se encontraban de servicio y circulaban en un patrullero oficial.
La audiencia se desarrolló en el Palacio de Tribunales, ante el juez de control Alejandro Gilardenghi, con la intervención del fiscal Matías Juan y la defensora oficial Soledad Forte.
Los imputados son el sargento Alejandro Muñoz y el cabo primero Luis Alberto Medrano, quienes prestaban funciones en el Comando Radioeléctrico de General Pico y fueron reubicados en otras dependencias policiales luego de que el episodio tomara estado público.
La Fiscalía sostuvo la acusación por hurto simple agravado por la condición de integrantes de una fuerza de seguridad, en calidad de coautores. Por su parte, la defensa propuso una calificación alternativa vinculada con la apropiación de una cosa perdida.
La explicación de los efectivos
Durante la audiencia se conocieron las versiones brindadas por ambos policías sobre lo sucedido en la madrugada del miércoles 14 de octubre, cuando retiraron un gato hidráulico de la vereda de la gomería Cattaleya, ubicada sobre la calle 29, entre 14 y 16.
La defensora explicó que sus representados interpretaron que la herramienta había sido olvidada en la vía pública y que decidieron retirarla con la intención de resguardarla.
Según esa versión, mientras se dirigían a la dependencia policial pasaron por la vivienda de un hermano de Muñoz. Allí habrían recibido un requerimiento para intervenir en una emergencia en el barrio Ranqueles, motivo por el cual dejaron el gato hidráulico en ese domicilio.
Sin embargo, también reconocieron que no informaron el hallazgo a sus superiores, no asentaron el procedimiento en el parte diario y tampoco regresaron a buscar la herramienta.
La defensa sostuvo que estas omisiones podrían constituir faltas administrativas, pero no necesariamente configurar el delito de hurto que plantea la Fiscalía.
Los policías fueron a la casa del denunciante
Uno de los aspectos abordados durante la audiencia fue un episodio ocurrido después de que el propietario de la gomería, Luis Alberto Miranda, presentara la denuncia.
De acuerdo con lo expuesto por el fiscal Matías Juan, los dos policías se presentaron en el domicilio del comerciante, vestidos con sus uniformes y a bordo de un patrullero, con la intención de pedirle disculpas por lo sucedido.
El damnificado interpretó esa visita como una situación de presión, por lo que la Fiscalía solicitó medidas para evitar posibles interferencias en la investigación.
El juez Gilardenghi hizo lugar al pedido y prohibió a ambos efectivos acercarse al comerciante y a su vivienda, así como mantener cualquier tipo de comunicación con él mientras avance el proceso judicial.
También habrá una investigación administrativa
Durante la audiencia se resolvió, además, separar las defensas de los acusados debido a sus diferencias de jerarquía y a la necesidad de evaluar las eventuales responsabilidades individuales.
La defensora oficial Soledad Forte continuará representando a Medrano, mientras que el abogado Walter Vaccaro asumirá la defensa de Muñoz.
En paralelo, las actuaciones serán remitidas a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de La Pampa para determinar si corresponde aplicar sanciones disciplinarias por el comportamiento de los uniformados.
Una herramienta valuada en casi tres millones de pesos
El caso tomó trascendencia pública luego de que se difundieran las imágenes de las cámaras de seguridad de la gomería, que registraron el momento en que dos policías descendieron de un móvil oficial y cargaron un gato hidráulico valuado en aproximadamente 2.800.000 pesos.
Tras la denuncia del propietario y las actuaciones judiciales, la herramienta fue recuperada y posteriormente restituida.
La investigación continuará para determinar las responsabilidades penales de los dos efectivos, quienes permanecen imputados, sin que exista hasta el momento una sentencia condenatoria.
La acusación principal contempla una eventual pena de prisión de ejecución condicional, mientras que la calificación alternativa propuesta por la defensa prevé una sanción de multa.
