La investigación comenzó en 2015 y, tres años después, la Comisión Europea concluyó que Google había utilizado Android para fortalecer de manera indebida el dominio de sus propios servicios. Entre las prácticas cuestionadas figuraba la exigencia a los fabricantes de teléfonos de preinstalar Google Search y Google Chrome como condición para acceder a la tienda de aplicaciones Google Play, además de imponer restricciones al uso de versiones alternativas de Android.
La multa había sido fijada inicialmente en 4.340 millones de euros en 2018, pero en 2022 fue reducida a 4.125 millones. Ahora, el máximo tribunal europeo rechazó el último recurso presentado por Google y su empresa matriz, Alphabet, dejando firme la sanción.
Desde la empresa señalaron que ya modificaron sus prácticas comerciales tras las decisiones adoptadas por la Unión Europea y defendieron que Android sigue siendo una plataforma abierta que favorece la innovación y la competencia.
La sentencia es considerada un nuevo respaldo a la estrategia de la Unión Europea para controlar el poder de las grandes compañías tecnológicas y garantizar una competencia más equitativa en los mercados digitales.
