Luis Armando López, con el patrocinio del abogado Roberto Castillo, solicitó la imputación y detención inmediata de Maicol González y Mariela Beatriz Altamirano, acusados de homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte.
Según la presentación judicial, la muerte del menor no habría sido un hecho accidental, sino el resultado de meses de violencia física y abandono, en un contexto que la querella describe como una “pluralidad de comportamientos convergentes”.
Autopsia y testimonios comprometedores
Uno de los elementos centrales de la denuncia es el informe preliminar de autopsia, que reveló lesiones traumáticas en la zona craneal incompatibles con una muerte natural, y compatibles con episodios de violencia de gran intensidad.
A esto se suman testimonios de vecinos que aseguraron haber escuchado gritos del niño y presenciado situaciones de conflicto, incluyendo una frase atribuida a la madre dirigida al padrastro: “¡Vos le pegás al mío!”.
Apuntan contra la Justicia y el sistema de protección
La denuncia también incluye fuertes cuestionamientos contra funcionarios judiciales y del sistema de protección de derechos, a quienes responsabilizan por un presunto escenario de desamparo.
Entre los señalados se encuentran el juez de Familia Pablo José Pérez, la asesora Verónica Roldán y la profesional del área de niñez Jennifer Leiva.
De acuerdo al escrito, existieron advertencias previas ignoradas, ya que el sistema judicial había rechazado en reiteradas ocasiones la restitución del niño a su madre biológica por considerar el entorno como no seguro.
Además, en febrero de este año, el propio niño habría manifestado ante autoridades que su centro de vida estaba con su madre de crianza, lo que no derivó en medidas de protección. Posteriormente, una restricción de contacto dejó al menor aislado con quienes hoy están acusados, semanas antes de su fallecimiento.
La querella vincula estas presuntas omisiones con lo establecido por la Ley 27.709, que exige capacitación y actuación temprana ante posibles situaciones de violencia infantil.
Sospechas de encubrimiento y riesgo de fuga
El pedido de detención se sustenta también en riesgos procesales. Según la denuncia, los acusados habrían intentado eliminar pruebas, quemando prendas del menor el día del hecho.
Asimismo, se investiga un presunto plan de fuga hacia la provincia de Misiones, lo que refuerza la solicitud de detención inmediata.
Una causa que conmueve y exige respuestas
Mientras la comunidad de Comodoro Rivadavia continúa conmocionada, la causa avanza con acusaciones que no solo apuntan a los responsables directos, sino también a posibles fallas estructurales en el sistema de protección infantil.
La Justicia deberá resolver ahora si hace lugar al pedido de detención, en un caso que vuelve a poner en debate la responsabilidad del Estado en la protección de niños en situación de vulnerabilidad.
