Con el objetivo de garantizar el derecho humano a la comunicación y fortalecer la seguridad pública en contextos críticos, el Licenciado Manuel Verdaguer, titular de la Fábrica de Prevención, presentó un innovador proyecto de Ley que propone la creación del Sistema de Roaming Nacional de Emergencia (RNE). La iniciativa busca que, ante situaciones de catástrofe climática, accidentes graves o caídas masivas de infraestructura, los ciudadanos puedan conectarse de forma automática y gratuita a la red de telefonía móvil de cualquier operador activo.
Hoy en día, cuando un temporal o un incendio derriba las antenas de una empresa de telefonía, sus usuarios quedan completamente incomunicados, incluso si las redes de los operadores competidores siguen funcionando en la misma zona. Este proyecto viene a solucionar esa vulnerabilidad técnica y humana, obligando a las empresas a cooperar de manera inmediata ante la emergencia.
La conectividad en situaciones de crisis no es un servicio comercial, es una herramienta de rescate que define la diferencia entre la vida y la muerte, explicó el impulsor del proyecto junto con su equipo. En esto Verdaguer resaltó: no podemos permitir que una persona no pueda pedir ayuda o avisar que está bien solo porque su empresa proveedora se quedó sin señal, teniendo otras redes activas a su alrededor.
Los puntos clave del proyecto de ley:
Gratuidad absoluta: el acceso y uso del sistema de emergencia no tendrá ningún costo adicional ni recargo para los usuarios afectados.
Activación automática: el servicio se activará por declaración formal de emergencia gubernamental o de forma automática si un operador sufre la caída de más del 50% de sus radiobases en una zona por más de dos horas.
Prioridad de tráfico: durante la emergencia, las redes priorizarán los llamados a servicios de rescate (bomberos, policía, defensa civil) y el envío de alertas gubernamentales, restringiendo el uso de datos de alta demanda (como streaming) para no saturar el sistema.
Sostenibilidad privada: el proyecto contempla que el tráfico cursado sea compensado entre las operadoras a precio de costo técnico regulado, utilizando en casos extremos fondos del Servicio Universal, garantizando que el Estado no incurra en gastos desmedidos y cuidando las inversiones del sector.
La propuesta otorga un plazo de 90 días a las empresas prestadoras de Servicios de Comunicaciones Móviles para realizar las pruebas técnicas e interconexiones necesarias una vez reglamentada la ley. Se espera que el proyecto comience su debate en las comisiones parlamentarias en las próximas semanas, donde buscará el consenso de las distintas fuerzas políticas dada su urgencia e impacto directo en la seguridad civil.
Concluyendo Verdaguer anticipó que ante un escenario global de crisis ambiental, la legislación no puede ser reactiva, el Estado y los privados deben estar preparados y trabajar de manera anticipada en planes de contingencia robustos para mitigar los efectos de estas emergencias sobre la población. Este puede ser el inicio de alertas tempranas.
