La asesora legal de la Municipalidad de Eduardo Castex, Norma Saucedo, visitó la redacción de CastexOnline y brindó detalles sobre el conflicto judicial relacionado con los terrenos de la antigua Parquetera, una parte de los cuales fue posteriormente destinada a la construcción de diez viviendas sociales.
La causa tramita ante la Sala C del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa y tiene como actor a Jorge Sallocco, quien cuestiona el procedimiento mediante el cual el Municipio incorporó esos terrenos a su patrimonio.
Saucedo explicó que entre 2015 y 2016, durante la gestión municipal encabezada por el entonces intendente Julio González, se realizó un procedimiento de prescripción adquisitiva administrativa sobre el inmueble.
Según detalló, finalizado ese trámite se obtuvo la escritura a nombre de la Municipalidad y posteriormente el terreno fue subdividido.
Una parte fue cedida mediante ordenanza al Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV), que posteriormente escrituró esa superficie y construyó diez viviendas que fueron adjudicadas a familias de Eduardo Castex.
La otra parte continúa, según explicó Saucedo, a nombre de la Municipalidad y comprende el sector ubicado hacia calle Rivadavia, donde todavía permanecen estructuras pertenecientes a la antigua Parquetera, entre ellas las tradicionales chimeneas.
El origen del reclamo
Saucedo explicó que hacia fines del año pasado Sallocco realizó inicialmente un planteo administrativo ante el Municipio.
El demandante sostiene que había adquirido el inmueble en 2010 a Carlos Bravo, quien anteriormente había mantenido un litigio laboral contra la empresa propietaria de la Parquetera y había obtenido el terreno en un remate judicial durante la década del 90.
De acuerdo con la postura expresada por la asesora legal municipal, tanto entre Bravo y Sallocco existió documentación privada relacionada con la operación, pero la transferencia no fue escriturada ni registrada.
“Esto fue un negocio privado, que tenían todo el derecho de hacer, pero después había que darle continuidad y llevarlo a registrar para que tuviera efectos contra terceros”, explicó Saucedo.
La representante municipal sostuvo además que, según los antecedentes que maneja la comuna, aquella operación no había sido comunicada a la Municipalidad y tampoco figuraba registrada ante organismos como Catastro, Rentas o el Registro de la Propiedad Inmueble.
También afirmó que durante años fue el Municipio el que realizó tareas de mantenimiento, limpieza y fumigación en el lugar.
Según los testimonios mencionados por Saucedo, en distintos momentos la comuna realizó trabajos sobre el predio e incluso colocó bancos bajo árboles existentes en el sector.
Qué cuestiona el demandante
Uno de los puntos centrales de la demanda es el procedimiento de prescripción administrativa llevado adelante por la Municipalidad.
Según explicó Saucedo, la parte actora cuestiona, entre otras cuestiones, no haber sido notificada cuando se realizó aquel trámite durante 2015 y 2016.
La postura municipal es que no podía notificarse a una persona cuya supuesta adquisición del inmueble no figuraba registrada ni había sido informada al Estado municipal.
Será precisamente el Superior Tribunal de Justicia el que deberá analizar los antecedentes aportados por ambas partes y determinar si el procedimiento administrativo realizado años atrás fue válido.
El STJ tomó declaraciones en Eduardo Castex
Durante este martes, integrantes de la Sala C del Superior Tribunal de Justicia se constituyeron en Eduardo Castex para avanzar con la etapa probatoria de la causa.
“Se tomaron todas las declaraciones testimoniales y la declaración de parte del señor Sallocco, que es el actor, y también la declaración testimonial del señor Bravo”, explicó Saucedo.
De acuerdo con la asesora legal, declararon además entre cuatro y cinco testigos propuestos por cada una de las partes.
La audiencia no implica una resolución del conflicto, sino que forma parte de la producción de pruebas que posteriormente serán evaluadas por el Tribunal.
Cómo continúa la causa
Saucedo señaló que todavía resta completar diferentes medidas probatorias.
La Municipalidad solicitó informes a Catastro, a la Dirección General de Rentas y al Registro de la Propiedad Inmueble para determinar qué antecedentes existen respecto de la titularidad del terreno y si Bravo o Sallocco aparecen registrados en algún momento como propietarios.
Por su parte, según explicó, la parte demandante solicitó también una tasación del inmueble mediante un martillero público.
Una vez finalizada toda la producción de pruebas, está previsto que intervenga el Procurador y posteriormente la Sala C del Superior Tribunal de Justicia deberá dictar sentencia.
“Los adjudicatarios pueden tener absoluta tranquilidad”
Uno de los puntos sobre los que Saucedo hizo especial hincapié fue la situación de las familias que actualmente viven en las diez viviendas construidas en una parte de esos terrenos.
“Las personas tienen que tener la absoluta tranquilidad de que ninguno de sus derechos va a ser afectado”, afirmó.
La asesora legal sostuvo que esa situación no cambiaría incluso ante una eventual resolución judicial adversa al procedimiento realizado por la Municipalidad.
“En el supuesto de que el Superior Tribunal dijera que hubo procedimientos que no se hicieron bien y que este señor tiene derechos, siempre van a quedar a salvo los derechos de los adjudicatarios”, manifestó.
Saucedo extendió esa consideración al IPAV, organismo al que el Municipio transfirió una parte del inmueble antes de la construcción y adjudicación de las viviendas.
La causa, por lo tanto, continúa abierta y todavía no existe una sentencia que determine quién tiene razón respecto del procedimiento realizado sobre los terrenos.
La definición llegará una vez completadas las pruebas, producidos los informes solicitados y emitida la correspondiente resolución del Superior Tribunal de Justicia.
