El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) destacó la reforma del régimen penal juvenil de La Pampa, instrumentada a través de la ley provincial 3656, que entró en vigencia hace dos meses. El reconocimiento fue difundido en un boletín especial que reunió las experiencias de La Pampa y Córdoba frente al nuevo marco normativo nacional.
La publicación analizó las respuestas provinciales ante la ley nacional 27.801, que, entre otras modificaciones, redujo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. En ese contexto, Unicef valoró las iniciativas de ambas provincias como aportes para el intercambio federal y el fortalecimiento de los sistemas especializados.
La norma pampeana, que contó con aportes del Poder Judicial, adecuó el Procedimiento Penal para Adolescentes vigente desde el 1 de agosto de 2023. La reforma mantuvo un enfoque restaurativo, con prioridad en el principio educativo, el respeto de los derechos y las garantías del debido proceso, y la participación de la víctima durante todas las etapas.
El artículo retomó los debates desarrollados durante el IX Encuentro de la Red de Jueces y Juezas Comprometidos/as por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, impulsado por Unicef. En aquella instancia se analizaron los desafíos que planteaba la entrada en vigencia del nuevo régimen nacional.
Según señaló el organismo, distintas jurisdicciones comenzaron a elaborar respuestas institucionales y normativas para adecuar sus sistemas procesales, garantizar la especialidad y preservar los estándares constitucionales y convencionales aplicables a adolescentes en conflicto con la ley penal.
En ese marco, consideró que las reformas de La Pampa y Córdoba ofrecen respuestas originales a desafíos comunes y constituyen herramientas valiosas para continuar el aprendizaje entre jurisdicciones.
El boletín también incluyó un texto del ministro del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, Fabricio Luis Losi, quien describió el proceso de elaboración de la reforma provincial.
Losi recordó que el STJ convocó a una mesa interinstitucional con representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la Procuración General, la Defensoría General y la Defensoría de Niñez y Adolescencia. Los acuerdos alcanzados fueron recogidos por el Ejecutivo y enviados a la Cámara de Diputados, donde finalmente se aprobó la ley.
Entre los principales aspectos de la normativa, el magistrado mencionó la adecuación a las nuevas edades, la intervención de organismos especializados y la descentralización del Ministerio Público ante la previsión de un aumento de las causas.
También destacó el procedimiento para adolescentes de entre 14 y 17 años, el juicio de cesura, la separación entre las cuestiones penales y tutelares —incluidas las internaciones por salud mental— y la función de los órganos encargados de supervisar las medidas.
