Durante la Audiencia Pública realizada en 25 de Mayo, Sosa sostuvo que el informe no debería ser aprobado porque, a su entender, incumple disposiciones previstas en la legislación provincial vinculadas al saneamiento ambiental y al abandono de pozos hidrocarburíferos. Además, apuntó contra los organismos de control y consideró que existieron falencias en el seguimiento estatal del proceso.
La legisladora, quien anteriormente se desempeñó en áreas técnicas relacionadas con el control de operaciones hidrocarburíferas, argumentó que las observaciones planteadas se basan en documentación incorporada al expediente administrativo y en el análisis de la normativa vigente.
La respuesta del Gobierno
Horas después, el Ejecutivo provincial difundió un extenso comunicado firmado por ministros, secretarios de Estado, la Fiscalía de Estado y la Asesoría Letrada de Gobierno, en el que rechazó las críticas formuladas por Sosa y defendió el procedimiento que se lleva adelante en torno al área petrolera.
Desde el Gobierno señalaron que los cuestionamientos de la diputada responden a un «profundo desconocimiento» del proceso administrativo y ambiental en curso o a una intención de trasladar intereses políticos a una instancia técnica que todavía se encuentra bajo evaluación.
Además, remarcaron que la Audiencia Pública fue convocada precisamente para recibir observaciones y aportes ciudadanos antes de que exista una resolución definitiva sobre el informe ambiental presentado por PCR. Según sostuvieron, varios de los puntos mencionados por la legisladora continúan siendo analizados por los organismos competentes y, por lo tanto, no pueden considerarse irregularidades.
«No son irregularidades descubiertas por la legisladora; son aspectos que el Estado todavía no validó técnicamente», expresaron desde el Ejecutivo, que aseguró que no aprobará ningún informe que no cumpla con todas las exigencias establecidas por la normativa vigente.
Un debate que trasciende lo ambiental
El enfrentamiento se produce en medio de la discusión por el futuro de El Medanito, considerado el principal yacimiento petrolero de La Pampa y eje de una fuerte disputa política dentro del peronismo provincial. El tema ha generado diferencias entre distintos sectores del oficialismo, especialmente en el marco del proceso de licitación y de la definición de las condiciones ambientales para el cierre de la actual concesión.
Mientras la oposición y algunos sectores internos reclaman mayores precisiones sobre el saneamiento ambiental y las responsabilidades empresariales, el Gobierno insiste en que los mecanismos de control están funcionando y que las definiciones finales surgirán una vez concluidas todas las instancias técnicas y administrativas previstas.
