Según informó el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, las multas impuestas alcanzaron un total de 243.390.000 pesos, lo que representa un promedio superior a los 2,6 millones de pesos por cada sanción.
Las resoluciones fueron publicadas en el Boletín Oficial y alcanzan tanto a empresas radicadas en La Pampa como a firmas de otros puntos del país.
Fernández destacó que el organismo provincial cumple un rol fundamental en la protección de los consumidores. “Defensa del Consumidor está para defender los derechos de los usuarios y garantizar el equilibrio en el mercado, sobre todo en momentos de tanta vulnerabilidad para los consumidores”, afirmó.
Además, recordó que las oficinas del área funcionan en los municipios de toda la Provincia y que también es posible realizar reclamos de manera online. “El Gobierno provincial realiza una tarea importantísima para resguardar los derechos ante posibles fraudes o abusos, y también el bolsillo de los pampeanos”, sostuvo.
Los rubros con más sanciones
Entre los sectores más afectados por las multas se encuentran:
- Servicios financieros.
- Planes de ahorro para vehículos.
- Empresas de viajes y turismo.
- Transporte y aerolíneas.
- Fabricantes de casas prefabricadas.
- Empresas de telefonía.
- Venta online de indumentaria.
- Comercios de electrodomésticos.
Cómo actúa Defensa del Consumidor
La Ley Nacional 24.240 establece un procedimiento dividido en dos etapas.
La primera es la instancia de mediación, donde se busca que consumidor y empresa lleguen a un acuerdo mediante audiencias de conciliación. Si se logra una solución, el expediente se cierra y el reclamo queda resuelto.
Cuando no existe acuerdo, el caso pasa a una etapa sumarial, donde se investigan posibles infracciones a la normativa. Allí se realiza la imputación correspondiente, se garantiza el derecho de defensa de la empresa involucrada y finalmente se determina si corresponde o no una sanción.
Desde el organismo explicaron que el monto de las multas depende de diversos factores, entre ellos la gravedad de la infracción, el perjuicio ocasionado al consumidor, el tamaño de la empresa y los antecedentes de sanciones previas.
