La Justicia de General Pico formalizó una investigación penal contra un odontólogo de la ciudad, acusado de los presuntos delitos de falsificación de documento privado, uso de documento privado falso y estafa. La causa se inició a partir de la denuncia de una paciente y es impulsada de oficio por el Ministerio Público Fiscal al tratarse de delitos de acción pública.
Según la denuncia, la mujer detectó irregularidades al revisar los resúmenes de su cobertura médica de Prevención Salud. Allí observó la facturación de prestaciones odontológicas que asegura no haber recibido entre diciembre de 2025 y abril de 2026, lo que derivó en un reclamo de aproximadamente 30.000 pesos en concepto de copagos.
La denunciante afirmó que solo concurrió al consultorio en noviembre de 2025 y que las firmas y aclaraciones incorporadas en las fichas odontológicas no le pertenecen, por lo que sostiene que fueron falsificadas para simular nuevas consultas.
La obra social habría abonado más de $500.000
Tras el reclamo de la afiliada, la obra social le reintegró el dinero mediante una nota de crédito. De acuerdo con la investigación, el perjuicio económico habría recaído finalmente sobre la empresa de medicina privada, que habría abonado alrededor de 511.000 pesos por las prácticas cuestionadas.
En el marco de la causa, la semana pasada se realizó un allanamiento en el consultorio del profesional, donde se secuestró documentación que será incorporada al expediente. Además, la Fiscalía anticipó que un perito calígrafo oficial analizará las firmas para determinar si existió falsificación.
El odontólogo negó las acusaciones
Durante la audiencia de formalización, el odontólogo declaró ante la Justicia y rechazó las imputaciones. Su abogado defensor, Jerónimo Altamirano, sostuvo que no existió ningún delito y atribuyó la situación a la modalidad de facturación impuesta por las obras sociales.
Según explicó, cuando un paciente requiere varias prestaciones, el profesional realiza el tratamiento completo en una sola sesión por razones médicas, pero luego informa las prácticas de manera mensual para ajustarse a los límites de cobertura establecidos por cada plan.
«La situación obedece a una cuestión netamente administrativa», argumentó el defensor, quien aseguró que las prestaciones fueron efectivamente realizadas y que no existió intención de provocar un perjuicio económico.
Altamirano también afirmó que su cliente «no ha cometido un hecho delictivo» y remarcó que se trata de «un profesional y un trabajador», insistiendo en que la facturación se realizó únicamente para adecuarse a los mecanismos de pago de las obras sociales.
La investigación continuará con la producción de pruebas periciales y el análisis de la documentación secuestrada, mientras la Justicia determina si existieron las maniobras denunciadas.
