Las recientes declaraciones oficiales a favor del cierre de las exportaciones de carne con el argumento que se trata de una medida necesaria para regular su precio y para que la gente pueda acceder a la carne a valores más económicos, resultan desafortunadas e innecesarias.
Una formulación que hace ruido en una provincia cuyos principales ingresos provienen de la ganadería y que no explica el hecho que los productos de almacén aumentaron más que la carne a pesar que no se exportan.
Es indiscutible que el aumento de los precios obedece a la tendencia fuertemente alcista de la inflación que desdibuja la posibilidad de alcanzar el 29 por ciento de incremento previsto por el Gobierno en el presupuesto nacional.
Implica un inconsulto y arbitrario cambio en las reglas de juego, similar al adoptado en el año 2006 que mandó a la quiebra a 138 frigoríficos y produjo la pérdida de 10 millones de cabezas y cientos de miles de puestos de trabajo, se replica ahora en un contexto explosivo y de extrema debilidad productiva, introduciendo un elemento disgregador en la sociedad que reclama un liderazgo que, en lugar de dividir, cohesione al conjunto de la comunidad.
La polémica medida que pone en riesgo 100.000 puestos de trabajo y priva al país del ingreso de 3.000 millones de dólares anuales, agravia particularmente al sector ganadero de la Provincia, cuyas existencias alcanzan a casi 3 millones y medio de cabezas, que representan más del seis por ciento de la totalidad del país en el que La Pampa ocupa el sexto lugar.
