La medida fue adoptada mediante el Decreto 1698, firmado el pasado 23 de septiembre, y puso fin al sumario administrativo que se había iniciado a partir de la investigación realizada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
La trabajadora pertenecía a la planta permanente del Estado provincial, tenía categoría 11 y se desempeñaba dentro de la Rama Técnica de la Ley 3488, informó El Diario.
El caso comenzó a investigarse luego de que un profesional médico del Hospital Centeno detectara la presentación de certificados que contenían su firma y sello, pero que no habían sido confeccionados por él.
De acuerdo con lo establecido durante la investigación, entre el 28 de enero y el 20 de octubre de 2025 fueron presentados 30 certificados falsificados. En la documentación se imitaban la letra, firma y sello del médico y se consignaban diferentes diagnósticos, tratamientos y períodos de reposo.
Mediante esos certificados se justificaron 178 días de ausencia laboral, período durante el cual la trabajadora continuó percibiendo su salario.
El médico involucrado declaró que no había atendido a la agente en las fechas consignadas y que tampoco había indicado los tratamientos, medicamentos o períodos de reposo que aparecían en la documentación.
Ya había sido condenada por la Justicia
La investigación administrativa avanzó en paralelo con una causa penal que se resolvió en marzo mediante un juicio abreviado.
La Justicia condenó a la trabajadora a dos años de prisión de ejecución condicional por los delitos de falsificación de instrumento privado, uso de instrumento privado falsificado y fraude contra la administración pública.
Además, se estableció la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos o empleos públicos en la Administración Pública de La Pampa.
Finalmente, mediante el Decreto 1698, el Poder Ejecutivo provincial resolvió su exoneración de la administración pública.
La medida también establece la intervención de la Contaduría General de la Provincia para efectuar las liquidaciones, retenciones o ajustes económicos que correspondan como consecuencia del sumario, mientras que la Dirección General de Presupuesto deberá proceder a la eliminación del cargo que ocupaba la agente.
