La iniciativa apunta a que la justicia y la policía de La Pampa puedan actuar directamente en los casos de narcomenudeo, es decir, la venta de drogas en pequeña escala.
“Actualmente, todos los casos de microtráfico recaen en la justicia federal, que se encuentra sobrecargada de causas y con recursos limitados. Esta situación genera demoras, falta de proximidad con los vecinos y escasa capacidad de intervención inmediata. En la práctica, los kioscos de droga se consolidan, los jóvenes quedan expuestos y la respuesta del Estado llega tarde o no llega”, expresó Viara.
Contexto de la Ley Nacional
La Ley 26.052 faculta a las provincias a asumir la competencia en casos de microtráfico. Hasta el momento, doce jurisdicciones ya aplican este esquema, con resultados que —según la diputada— permitieron descongestionar el fuero federal y otorgar mayor capacidad de acción a las justicias provinciales.
Con la adhesión, La Pampa contaría con un sistema dual: la justicia federal enfocada en los grandes delitos de narcotráfico y la justicia provincial encargada de perseguir el microtráfico.
Críticas al Gobierno provincial
Viara recordó que “hace casi dos años, cuando Ziliotto asumió su segundo mandato, prometió que la provincia adheriría a la Ley Nacional de Desfederalización de Estupefacientes. Aseguró que la justicia local iba a investigar y juzgar estos delitos con una unidad de fiscales especializada. La realidad es que pasó el tiempo, la promesa quedó en palabras y la provincia sigue sin dar un solo paso en esa dirección”.
Incorporación a un programa nacional
De aprobarse el proyecto, La Pampa también podría sumarse al Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes (PRONADEM), recientemente lanzado por el Ministerio de Justicia de la Nación. Este programa ofrece asistencia técnica, capacitación y recursos para fortalecer la seguridad y la justicia en las provincias adheridas.
Una mirada social
Para Viara, detrás de la adhesión no solo hay una discusión legal, sino también social:
“Detrás de cada kiosco de droga hay una familia destruida, hay jóvenes que pierden oportunidades y barrios que viven con miedo. No podemos mirar para otro lado. Esta ley es una herramienta para devolverle la tranquilidad a nuestra provincia, para que las madres y los padres sepan que el Estado está presente cuidando a sus hijos”, concluyó.
