El Plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados de La Pampa emitió este martes dictamen favorable por mayoría al proyecto del Poder Ejecutivo que busca adecuar la legislación provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil.
La minoría decidió fijar posición durante el tratamiento de la iniciativa en el recinto.
La reunión contó con la participación del ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, y del director general de Promoción de Derechos Humanos de la Provincia, Alejandro Osio, quienes explicaron los alcances de las modificaciones propuestas.
El proyecto contempla cambios en las leyes provinciales N.º 3.353, correspondiente al Régimen Penal Juvenil; N.º 2.574, Orgánica del Poder Judicial; y N.º 2.831, que creó el Ente de Políticas Socializadoras y la Unidad de Abordaje y Supervisión de Personas en Conflicto con la Ley Penal.
El objetivo es adaptar las normas procesales y administrativas aplicables a adolescentes de entre 14 y 18 años a los principios, garantías y derechos establecidos por la Ley Nacional 27.801.
“Estamos ante un punto de inflexión que tiene que ver con la nueva ley de baja de la edad de imputabilidad. Más allá de que no compartamos su contenido, las leyes, una vez sancionadas, están para cumplirse”, expresó Álvarez.
El ministro indicó que el Gobierno provincial trabaja desde hace aproximadamente cuatro meses en la preparación del sistema para implementar el nuevo régimen.
Una ampliación de la población alcanzada
Durante su exposición, Osio explicó que la norma nacional combina competencias exclusivas de la Nación, atribuciones provinciales y facultades concurrentes.
Entre las atribuciones nacionales se encuentra la determinación de la edad mínima de responsabilidad penal, que fue reducida a 14 años.
Según detalló, esta modificación ampliará la población alcanzada por el Régimen Penal Juvenil por dos motivos: la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años que anteriormente no eran punibles y la ampliación del universo de delitos contemplados.
“Era necesario y urgente adecuar el sistema normativo para dar acogida a esta nueva población destinataria”, remarcó.
La Provincia conservará las facultades relacionadas con la aplicación procesal de la norma, la determinación de los organismos intervinientes, las tareas de supervisión y asesoramiento jurídico, la competencia de los juzgados y la organización de los dispositivos que actúan dentro del sistema.
Osio aseguró que la propuesta busca garantizar “especialidad y cercanía” mediante la asignación de competencias a juzgados específicos.
Nuevos fiscales y defensores
La iniciativa prevé la creación de cinco cargos de fiscales adjuntos y otros cinco de defensores destinados específicamente al Régimen Penal Juvenil.
El objetivo es avanzar progresivamente hacia la conformación de un fuero especializado y exclusivo.
Osio señaló que las modificaciones fueron trabajadas junto con los organismos judiciales y no judiciales que tendrán a su cargo la implementación del nuevo régimen.
También sostuvo que la finalidad del sistema “no es punitiva”, sino restaurativa y orientada a la reinserción social de las personas acusadas de cometer delitos durante la adolescencia.
En ese marco, se considera incompatible la aplicación del juicio abreviado y se incorporan restricciones a los procedimientos de flagrancia y de conversión de la acción pública en privada. Además, se amplían las posibilidades de aplicar criterios de oportunidad.
Capacitación para los operadores del sistema
Ante una consulta de la diputada María Laura Trapaglia, Osio informó que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Universidad Nacional de La Pampa desarrollaron conjuntamente un curso de capacitación.
La propuesta permitirá recoger la experiencia de quienes intervienen en el sistema y detectar posibles dificultades durante su aplicación.
Asimismo, se creó una diplomatura de especialización en Régimen Penal Juvenil destinada a profundizar la formación de los agentes y profesionales que participarán del nuevo esquema.
El alcance del fallo dictado en Buenos Aires
La diputada Patricia George preguntó si una resolución judicial dictada en la provincia de Buenos Aires, que dispuso una suspensión preventiva de la aplicación de la ley nacional, podría tener efectos en La Pampa.
Osio aclaró que el fallo fue emitido por la jueza Marta Pascual, titular de un juzgado especializado en responsabilidad penal juvenil, en el marco de una causa concreta y dentro de una circunscripción determinada.
“Su fallo rige solamente para su circunscripción judicial”, explicó el funcionario.
También indicó que la resolución podría ser recurrida por las partes y destacó la importancia de que La Pampa avance con su propia adecuación procesal para evitar dificultades similares durante la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil.
